Es lunes y Saturnina ya tiene todo listo para iniciar su pequeña empresa en la ciudad de Puerto Maldonado. Se dirige presta a la SUNAT para cumplir a cabalidad con los trámites respectivos que la convertirán en una fiel contribuyente, pero algo inesperado ocurre, le impiden el ingreso a esta institución estatal. ¿Cuál es el motivo? El vigilante se ha percatado de que es monolingüe quechua. Tampoco le permite pasar con su hijo quien pidió permiso en su trabajo para ayudarla en la traducción.
El vigilante está empeñado en cumplir al pie de la letra las instrucciones de sus superiores, “no permitir que pase más de una persona por trámite”. La señora Saturnina vestida de “mestiza” cusqueña, con amplias polleras, está sudorosa, se pone nerviosa y decide volver otro día.
BARRERAS DISCRIMINATORIAS
Este es un ejemplo de los escollos que deben sortear los ciudadanos indígenas monolingües al realizar algún trámite ante un Estado hispanohablante, displicente y transgresor del postulado de igualdad ante la ley que establece la Constitución Política del Perú en su artículo 2°.
El Estado que debería ser el mayor ejemplo de sujeción y respeto a las leyes, a través de sus servidores, ha vulnerado los derechos fundamentales de Saturnina. La ha discriminado por razón de origen, raza, sexo, idioma y condición económica. Le ha negado la posibilidad de trabajar libremente y de elegir su lugar de residencia, en consecuencia, está menoscabando también su derecho al libre desarrollo y bienestar.
En el inciso 19 del artículo 2°, la Constitución advierte que toda persona tiene derecho “a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete”. No obstante, la ley en nuestro país es un ideal que aún no logra plasmarse en la realidad.
LA LUCHA DE LAS CULTURAS ORIGINARIAS
Los procesos migratorios constantes han acrecentado la presencia de familias y pueblos indígenas en las urbes de todo el territorio nacional. Sin embargo, la hegemonía perniciosa que ejerce el español con todas sus implicancias, confina a sus lenguas al ámbito familiar, amical y doméstico.
La indígena que es excelsa portadora de cultura no encuentra el espacio adecuado, justo, plural, intercultural y democrático para continuar con la suprema tarea de transmitir a su descendencia la lengua y la sabiduría originarias que configuran las características de nuestra identidad nacional.
Para los dueños reales de estos territorios, la integración al ámbito urbano es traumática, por causa de su idioma y cultura, lo que les refuerza la idea de despojarse de sus raíces y adquirir el español como idioma principal para acceder a las oportunidades de las que gozan los hablantes de lenguas modernas.
Hace falta quitarle espacio a la discriminación y el racismo que siguen contribuyendo al deterioro y la pérdida de los valores ancestrales. La revitalización y el fortalecimiento de la cultura e idiomas originarios no solo deben impulsarse en los ámbitos de predominio, sino extenderse a lo largo y ancho del país. De esta forma, se podría allanar, en alguna medida, el camino del ciudadano indígena que decide cambiar su lugar de trabajo y residencia en busca de mejores condiciones de vida.
CUMPLIR LA LEY
La ley N° 29735 que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú en su artículo 4 señala: “Son derechos de toda persona: (i) usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado; (ii) ser atendida en su lengua materna, en los organismos o instancias estatales; y (iii) gozar y disponer de los medios de traducción directa o inversa que garanticen el ejercicio de sus derechos en todo ámbito”.
Dado que el objetivo prioritario del Estado es garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos originarios, es posible seguir el ejemplo de Bolivia que tiene como requisito obligatorio conocer y hablar de manera fluida un idioma originario para trabajar en la administración pública.
De esta forma, se estarían creando fuentes de trabajo orientadas, a los profesionales indígenas, bilingües coordinados, brindándoles la posibilidad de mejorar sus ingresos. Al mismo tiempo se estaría fomentando la necesidad de adquirir una lengua originaria capitalizando su valor como suele suceder con el aprendizaje de cualquier otro idioma o conocimiento.
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